Todo lo que ha sucedido en nuestro país y en la UE en los últimos días nos ha puesto a todos los ciudadanos, de uno y otro ámbito, ante la evidencia de que estamos ante un cambio de paradigma, es decir, un nuevo modo de entender las realidades estatales de la Unión y de las relaciones de todos los estados, entre sí, que conviven en su seno. La unión monetaria de la zona euro, con sus excepciones, parecía soporte suficiente para que la Unión se sintiera firmemente asentada en una posición que hacía posible la competitividad de los estados miembros y la seguridad que el paraguas de la moneda única proporcionaba a sus miembros.
No cabe duda de que la UE está ahora urgida para completar lo que ahora se muestra como insuficiente. Seguramente el proyecto de producir una unión económica con todas sus consecuencias exigirá la revisión de una buena parte de los tratados que como un cemento institucional permitía, hasta ahora, que la Unión tuviera bastante para ser operativa. La reforma requerida habrá de demandar limitaciones en el ejercicio de la soberanía de los estados miembros a favor de una nueva forma de producir la cohesión interna de la unión.
La ciudadanía europea no se había enfrentado hasta ahora a los requerimientos que el presente exige. Y estamos tan lejos de que un proyecto de esa envergadura sea entendido que no cabe suponer que esa ciudadanía se preste a reformas como las que ahora parecen necesarias sin que haya titubeos y reticencias. Y es que los políticos europeos, los españoles sin duda, siguen teniendo un muy débil vínculo con la ciudadanía que dice representar. Todo lo referido a que el proyecto que ha de acometerse se realice no solo sin merma de los valores democráticos sino que será necesario que, en esta ocasión, el objetivo de lo que se haga no sea algo que concierna meramente al ámbito eoconómico. La UE, los estados que la componen, se enfrentan a un reto que por otra parte no admite demoras.
En España la cuestión de completar y consolidar una UE más ambiciosa en lo institucional, más rigurosa en lo económico y capaz de dotar de autonomía a los estados miembros es algo que ni se ha explicado ni parece que se esté en línea de así hacerlo. Entre nosotros las medidas gubernamentales siguen sin entenderse y, particularmente, los votantes del socialismo español estiman, a la vista de lo que está sucediendo, que ante todo se ha producido una renuncia al objetivo publicitado de una consolidación del Estado del bienestar.
Momento histórico pues que demanda una clase política que habrá de renovarse, y no poco, para que el principio de la representación política sea tan riguroso que las medidas no creen entre la población la perplejidad y la incomprensión que hoy suscitan entre todos nosotros.
